MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

 

     El Senado ha aprobado una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP) por la que se insta al Gobierno a contar con las comunidades autónomas en la redacción de la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial para adecuar la distribución de los juzgados y tribunales a la población y la realidad socioeconómica de cada territorio.

 

   La iniciativa, que ha salido adelante con 172 votos a favor y 70 en contra, pide que la nueva norma atienda a las previsiones de crecimiento desigual entre las comunidades y a la desigualdad en el reparto de la litigiosidad. Además, debería adaptarse a los nuevos  juzgados no contemplados en la ley vigente, como son los de menores y violencia sobre la mujer.

 

   La moción ve igualmente necesario "actualizar" el concepto de partido judicial al considerarlo "obsoleto" ya que responde a una realidad "muy distinta a la actual". "La nueva realidad socioeconómica de cada región así como las necesidades de población obliga a plantear, con urgencia, la reforma total de la distribución de los juzgados y tribunales", señala el texto, recogido por Europa Press.

 

    El senador del PP Manuel Altava, encargado de presentar la iniciativa, ha reclamado al departamento dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón que las autonomías se pronuncien en la elaboración del nuevo mapa judicial al ser las que "mejor conocen su territorio, sus distancias y sus condiciones".

 

    En opinión de los 'populares', la nueva ley de Demarcación y Planta --la actual se aprobó en 1988, ha sido modificada en 14 ocasiones y desarrollada en 62 reales decretos-- debe sustituir el binomio juez-juzgado por el del tribunal de instancia, promover una justicia profesional dejando la interina a "supuestos excepcionales", desplegar de forma progresiva y "ordenada" la Oficina Judicial y desarrollar las nuevas tecnologías.

 

   Tras poner en evidencia la "maltrecha" Administración de Justicia, el senador Altava ha afirmado que los ciudadanos demandan hoy la creación de puntos de encuentro familiar, unidades psicosociales de familia, servicios de atención al ciudadano y las víctimas, unidades de valoración del "riesgo del daño corporal", así como unidades de Policía Judicial.